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Alicia Beltrán, de Milwaukee, tenía 14 semanas de gestación y en un chequeo de rutina confesó que el año anterior había caído en una adicción, algo que ya había superado y que se comprobó a través de los análisis de orina. Pero su confesión sincera la llevaría a vivir
un penoso cautiverio de 78 días en un centro de rehabilitación, por negarse a tomar un medicamento para vencer su adicción.

Esposada cual criminal, Alicia salió llorando de su casa el 18 de julio y recién en estos días ha regresado a su casa: la acusaron de poner en peligro a su futuro hijo.

La embarazada fue llevada ante el comisionado de una corte de familia que ignoró sus súplicas de un abogado, y allí comprobó que el tribunal ya había nombrado a un tutor legal para su bebé en gestación.

"No sabía que los niños no nacidos tenían abogados", dijo la acusada a New York Times, ya de vuelta en su hogar y con 6 meses de embarazo.

¿Está bien que los no nacidos tengan un abogado y puedan acusar a la progenitora? Una ley de Wisconsin conocida como "madre de cocaína", que rige desde 1998, establece que las autoridades pueden llevar por la fuerza a una embarazada que usa drogas ilegales o alcohol a un lugar de tratamiento, aunque se niegue.

Aunque ese no era el caso de Alicia. Y ahora, después de la detención de ella, la ley está siendo cuestionada por inconstitucional en una demanda federal presentada este mes, el primer caso en la Corte Federal para impugnar este tipo de leyes de protección del feto.

• Leyes demasiados duras

En Wisconsin, esta ley tiene un grupo firme de defensores. Este es uno de los cuatro estados, junto con Minnesota, Oklahoma y Dakota del Sur, con leyes específicas que conceden a las autoridades el poder para confinar a las mujeres embarazadas por el abuso de sustancias. En otros estados, las leyes son menos duras.

"Esto es lo que sucede cuando las leyes dan a los funcionarios la autoridad para el tratamiento de los embriones y fetos como si ya fueran totalmente independientes de la mujer", dijo Lynn Paltrow, de National Advocates, una organización que defiende los derechos de las embarazadas.

La demanda que ahora ha presentado la señora Beltrán junto un abogado defensor ante el Tribunal Federal de Distrito en Milwaukee, dice que se priva a las mujeres de la libertad física, atención médica, del debido proceso y otros derechos constitucionales. También explica que se basa en información errónea acerca de los riesgos y que, en última instancia, hace más daño que bien, asustando a las embarazadas y haciendo que muchas se alejen de la atención prenatal.

• Cientos de casos de abusos

Beltrán está siendo defendida por un grupo de abogados y apoyada por varias organizaciones civiles. Ellos han documentado numerosos casos a nivel nacional en que fueron detenidas, arrestadas o forzadas a aceptar los procedimientos médicos en nombre de la protección del feto, cientos de mujeres, sobre todo de bajos ingresos y de minorías.

Los tribunales en más de 20 estados han bloqueado el uso de estas leyes de abuso infantil o que proponen castigos penales contra las embarazadas.

Los expertos que se oponen a este tipo de medidas dicen que estas leyes se basan en percepciones exageradas de los riesgos para los recién nacidos y que son contraproducentes.

En ese sentido, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos expresó que "el encarcelamiento y la amenaza han demostrado ser ineficaces para reducir la incidencia del abuso de alcohol o drogas" y agregó que la prueba obligatoria y la presentación de informes, llevan a las mujeres a evitar la atención prenatal.

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